Las ocho sillas que le corresponden al Congreso, de cara a la renovación del Consejo de la Magistratura del próximo mes -cuatro para Diputados y cuatro para el Senado-, suelen empujar batallas ante enroques ágiles y uniones pasajeras, siempre con el fin de ganar poder en el organismo clave para la elección de candidatos judiciales. En la Cámara alta, el primer movimiento ya se activó: tras varias volteretas entre 2025 y el corriente año, el riojano Fernando Rejal regresó al kirchnerismo y dejó a la bancada de José Mayans (Formosa) con un legislador más que La Libertad Avanza.
En realidad, el bloque que preside Patricia Bullrich hoy cuenta 20, tras la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto. Su suplente, Claudia López -cercana a los Menem-, tendrá que jurar en la próxima sesión y, de esa manera, continuará con 21 integrantes. Uno menos que la tribu justicialista, que ahora llega a 22. Al ser cuatro butacas por el Senado, se estima que ambos espacios reclamarán dos lugares para el Consejo.
La disputa en ciernes se dará debido a que los radicales también exigirían un lugar. Suman 10 legisladores. Entonces, cinco nombres para cuatro butacas. ¿Quién define esto? Tras la presentación de notas, la resolución tendrá que ser firmada nada menos que por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
Según pudo saber Infobae, tras el deceso de Pagotto hubo un diálogo entre oficialismo y cristinismo para dejar en claro que las dos bancadas agrupaban 21 senadores y que, ante una solicitud de radicales por un espacio en el Consejo, todo sería dirimido por Villarruel. Ahora, con 22 soldados, las cuentas cambian y las sospechas, también. Por eso es que libertarios ya se preparan para un potencial terreno judicial, a sabiendas del poco tiempo que resta -mediados de noviembre- y otro capítulo no placentero sobre una cuestión que dejaría, como siempre, mucho que desear.
Las piruetas de Rejal comenzaron en 2025, cuando se fue de forma parcial del kirchnerismo. No obstante, Convicción Federal quedó dentro de dicho interbloque -Unión por la Patria, para esa época-, al igual que Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Salino (San Luis). Meses atrás, la jujeña y el catamarqueño se despojaron del cristinismo que les quedaba y se dividieron con el mismo nombre -se unió la tucumana Sandra Mendoza-, mientras que el puntano y el riojano crearon Justicia Social Federal. En un abrir y cerrar de ojos, Rejal cambió otra vez de camiseta.
Para el Consejo de la Magistratura serán considerados los bloques y no los interbloques, aunque esto ya ha generado discordias en el pasado. El kirchnerismo se especializó en este tipo de triquiñuelas, cuando dividió a su bancada de Unión por la Patria en Nacional y Popular, presidido por Mayans, y Unidad Ciudadana, conducido por Juliana Di Tullio (Buenos Aires).
Con la firma de Cristina Kirchner como entonces titular de la Cámara alta, le fue arrebatado el lugar de la segunda minoría al supuesto macrista —hoy semivioláceo— Luis Juez (Córdoba). La guerra llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en noviembre de 2022 falló a favor del último y corrió al rionegrino Martín Doñate.
Mientras la semilla de esta pelea empieza a germinar, el oficialismo ya pidió una reunión de Labor Parlamentaria para pasado mañana, a partir de las 14, para definir si se sesiona o no el jueves. Los proyectos sobre el mercado de huella de carbono -implica plata- y la iniciativa de la UCR para beneficios fiscales en inversiones desde los USD 12 millones aparecen como las más seguras.
En tanto, se aguarda la resolución, en caso de consenso, sobre el texto relacionado con salud mental. Y ya se ubicó para dictaminar, pasado mañana, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que volvió en segunda revisión de Diputados y que incluye el capítulo de tierras, con el límite -15% a extranjeros- de la norma kirchnerista que generó un capítulo de ida y vuelta en la Corte Suprema.
